Publicado el 23/07/2025 por Administrador
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En Venezuela, la reciente liberación de decenas de presos políticos ha sido opacada por denuncias creíbles de nuevas detenciones arbitrarias, lo que ha despertado fuertes críticas a lo que organizaciones de derechos humanos y voces opositoras califican como una “dinámica de puerta giratoria”. El término hace referencia a la práctica de excarcelar a algunos detenidos por motivos políticos mientras se encarcelan a otros, manteniendo constante la cifra total de personas privadas de libertad por razones ideológicas.
El Gobierno de Nicolás Maduro anunció la excarcelación de 48 presos como parte de un acuerdo diplomático que involucró también a Estados Unidos y El Salvador. La medida se presentó como un gesto humanitario, en el marco de negociaciones internacionales. Sin embargo, la ONG Foro Penal confirmó que, aunque se habló de liberar a 80 personas, apenas 57 han sido efectivamente puestas en libertad, y más de 900 presos políticos siguen tras las rejas en el país.
Pese a la aparente voluntad de diálogo y flexibilización, distintas organizaciones civiles y representantes de la oposición han denunciado un preocupante repunte de detenciones. En apenas 72 horas tras las excarcelaciones, al menos 20 personas habrían sido arrestadas por organismos de inteligencia como el SEBIN y la DGCIM. Entre los detenidos se encuentran activistas, observadores electorales, y ciudadanos vinculados con la oposición política.
María Corina Machado, líder opositora, calificó la situación como una “burla al pueblo venezolano y a la comunidad internacional”, acusando al régimen de manipular políticamente las liberaciones para obtener beneficios diplomáticos, mientras se perpetúa una estructura represiva sobre la ciudadanía.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció que esta “puerta giratoria” se ha convertido en una táctica habitual del chavismo: mostrar excarcelaciones como gestos de buena fe, mientras por otro lado se renuevan las listas de perseguidos. Esto genera una sensación de inestabilidad, desconfianza y miedo entre familiares, activistas y defensores de derechos humanos.
El fenómeno no es nuevo. Ya entre 2016 y 2018, Venezuela vivió ciclos similares donde se anunciaban liberaciones en medio de negociaciones internacionales, mientras seguían ocurriendo nuevas detenciones. Ahora, con un nuevo contexto geopolítico, la estrategia parece haberse reactivado con mayor sofisticación.
Desde el exterior, organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han sido alertados sobre estos patrones. Diversas ONG han pedido que se haga un seguimiento detallado a cada caso y se impongan medidas concretas que impidan el uso político del encarcelamiento.
En paralelo, muchos de los liberados permanecen bajo medidas restrictivas: régimen de presentación, prohibición de salida del país o de declarar públicamente sobre su detención, lo que, según defensores legales, refuerza la idea de una libertad condicional y controlada por el Estado.
El impacto psicológico de esta dinámica es profundo. Las familias de los excarcelados viven con el temor constante de nuevas detenciones, y los activistas sienten que cualquier paso en falso puede llevarlos de nuevo tras las rejas. En lugar de un alivio duradero, el panorama refleja un sistema que utiliza la represión como herramienta de negociación.
Mientras se presentan estas liberaciones como avances democráticos ante el mundo, dentro de Venezuela la represión adopta nuevas formas, más sutiles pero igual de efectivas. La puerta giratoria de la persecución política sigue girando, y con cada vuelta se renueva el ciclo de injusticia.
